El acuerdo suscrito entre España, la Unión Europea y el Reino Unido ha encendido las alarmas en la Junta de Andalucía y entre los colectivos ecologistas. La principal crítica radica en que el documento, que pretende regular la relación tras el Brexit, ignora deliberadamente los rellenos de tierra sobre el mar que la colonia británica está ejecutando en aguas cuya soberanía reclama España. Este proyecto, denominado «Eastside» (Zona Este), contempla una macrourbanización que avanza sin control ambiental ni supervisión internacional, dejando un vacío jurídico que podría tener consecuencias irreversibles para el ecosistema del Estrecho.
El proyecto «al albur» de la colonia británica
Tras cuatro años de complejas negociaciones, el tratado que busca crear un área de libre circulación entre el territorio británico de ultramar y el Espacio Schengen presenta omisiones de calado. En sus 1.034 páginas, compuestas por 336 artículos y 46 anexos, no existe ni una sola mención a los proyectos de expansión ganados al mar mediante el relleno del fondo marino. Esta falta de regulación permite que el gobierno de Fabian Picardo continúe con sus planes de desarrollo urbanístico sin que el texto legal suponga un freno.
El grupo de empresas TNG Global Foundation (TNG) es el encargado de edificar una infraestructura masiva que incluye:
- 1.400 viviendas de lujo.
- Un complejo hotelero de grandes dimensiones.
- Zonas comerciales y de ocio.
- El uso de piedras extraídas de canteras del Torcal de la Utrera en Casares (Málaga) para ganar terreno al mar.
Impacto ambiental en la ZEC Estrecho Oriental
La Zona de Especial Conservación (ZEC) Estrecho Oriental, protegida por normativas europeas, se ve directamente amenazada por estas obras. Este espacio protegido abarca una superficie de 23.642 hectáreas que se extienden desde el litoral de La Línea de la Concepción hasta el extremo occidental de la península de Gibraltar. Los vertidos de arena y piedras para ganar terreno —aproximadamente 47.000 metros cuadrados— están modificando las corrientes marinas y afectando gravemente a la flora y fauna oceánica.
Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha denunciado que el tratado deja este asunto «al libre albedrío» de Gibraltar. La administración autonómica critica que el documento adolece de falta de participación de las instituciones regionales, a pesar de que la nueva regulación afecta directamente a la comarca del Campo de Gibraltar, donde residen cerca de 282.000 personas y donde unos 10.000 trabajadores cruzan la Verja diariamente.
Silencio administrativo y el problema del «bunkering»
Otro de los puntos críticos que el tratado despacha con un compromiso genérico es el bunkering o suministro de combustible en el mar mediante gasolineras flotantes. A pesar de ser una práctica de alto riesgo para el medio ambiente, el texto se limita a mencionar una voluntad de lucha contra el cambio climático sin establecer protocolos rígidos de control.
El Gobierno central, por su parte, ha mantenido una postura de hermetismo. Ante las consultas sobre el grado de ejecución del proyecto Eastside y la falta de supervisión española, el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha ofrecido respuestas concretas. Mientras tanto, el Ejecutivo gibraltareño se ampara en que el tratado no aborda estos temas en detalle para continuar con su política expansionista, la cual la organización Verdemar Ecologistas en Acción lleva denunciando más de 30 años.
La batalla judicial: Del Estrecho a la Audiencia Nacional
El conflicto ha escalado hasta los tribunales. En abril de 2025, la fiscalía de Algeciras abrió una investigación sobre los rellenos realizados bajo soberanía española utilizando materiales de canteras malagueñas. Los ecologistas sostienen que estas actuaciones vulneran la Directiva Hábitats 92/43/CEE, que prohíbe el deterioro de ecosistemas protegidos.
La cronología judicial destaca los siguientes hitos:
- Investigación inicial: El Ministerio Público apreció indicios de delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
- Conflicto de jurisdicción: El juzgado de La Línea de la Concepción inhibió el caso hacia la Audiencia Nacional argumentando la falta de jurisdicción de los tribunales españoles sobre el Peñón.
- Recurso de apelación: La Audiencia Provincial de Cádiz estimó un recurso contra dicha inhibición, obligando al juez instructor a retomar las diligencias previas.
- Sentencia clave: El tribunal resolvió que, conforme al Tratado de Utrecht de 1713, España solo cedió a Gran Bretaña la ciudad, el castillo y las defensas de Gibraltar, pero nunca las aguas que lo rodean, las cuales «nunca han dejado de ser españolas».
Este escenario deja al acuerdo en una posición delicada. Mientras el Parlamento Europeo y el Legislativo británico deben ratificar el texto, la realidad sobre el terreno muestra una colonia que sigue creciendo hacia el este, sobre aguas en litigio, ante la impotencia de las autoridades locales y el silencio de un tratado que parece haber nacido con grietas estructurales en su materia medioambiental.